Illa aprueba unos Presupuestos de 50.000 millones para 2026 sin el apoyo de ERC

El Govern impulsa las primeras cuentas de la legislatura con el aval de los Comuns y una inversión récord, pero afronta una tramitación incierta en el Parlament

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Salvador Illa ha dicho de ellos que son buenos para Catalunya y los catalanes/ Foto: EP

 

El Govern de la Generalitat ha dado este viernes un paso político clave al aprobar en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, unas cuentas que rozan los 50.000 millones de euros. Se trata del primer presupuesto elaborado bajo la presidencia de Salvador Illa, que ahora inicia su recorrido parlamentario en un contexto de apoyos todavía insuficientes.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, tiene previsto entregar el texto al presidente del Parlament, Josep Rull, para activar formalmente su tramitación. Sin embargo, el proyecto nace sin el respaldo de ERC, socio clave en la investidura de Illa, lo que deja en el aire su aprobación definitiva.

 

Un presupuesto expansivo tras años de prórrogas

Las nuevas cuentas contemplan un incremento de 9.100 millones de euros respecto al último presupuesto aprobado —el de 2023, que ascendía a 41.025 millones—. De confirmarse la cifra final durante la tramitación, Catalunya gestionará en 2026 el mayor volumen de gasto de su historia reciente.

Desde 2023, la Generalitat ha operado con presupuestos prorrogados. Ni el Govern de Pere Aragonès en 2024 ni el actual Ejecutivo en 2025 lograron sacar adelante nuevas cuentas. Para mantener la actividad financiera, el año pasado se aprobaron hasta tres ampliaciones de crédito, pactadas con ERC y Comuns, que inyectaron cerca de 4.000 millones de euros adicionales.

El presupuesto de 2026 pretende cerrar esa etapa de provisionalidad con una propuesta expansiva que refuerza la inversión pública y la capacidad de gasto del Ejecutivo catalán.

 

El apoyo de los Comuns y el escollo de ERC

El Govern sí cuenta con el aval de los Comuns, formación liderada en el Parlament por Jéssica Albiach, tras cerrar la semana pasada un acuerdo político que incluye compromisos en materia de limitación de la compra especulativa de vivienda. Este pacto garantiza un primer bloque de apoyo parlamentario, aunque insuficiente por sí solo para asegurar la aprobación.

El principal obstáculo es la falta de entendimiento con Esquerra Republicana. Los republicanos sostienen que las negociaciones sobre la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat están “encalladas” y reclaman al PSC que presione al Gobierno central para cumplir los compromisos adquiridos durante el acuerdo de investidura de Illa.

La cuestión fiscal se ha convertido así en el eje central de la discrepancia política. ERC considera que sin avances en la gestión directa de determinados impuestos, las cuentas no reflejan plenamente el pacto alcanzado para facilitar la llegada de Illa a la presidencia.

 

Las líneas maestras del proyecto

Tras la aprobación en el Consell Executiu, la consellera Romero iniciará una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para explicar las líneas estratégicas del presupuesto y explorar posibles apoyos adicionales.

El Ejecutivo defiende que las cuentas consolidan una política de refuerzo de los servicios públicos, incremento de la inversión y estabilidad institucional. El aumento del techo de gasto se presenta como una herramienta para impulsar políticas sociales, económicas y de transformación estructural.

No obstante, el debate parlamentario se anticipa complejo. Sin el respaldo de ERC, el Govern necesitará articular nuevas alianzas o introducir modificaciones durante la tramitación para garantizar su aprobación definitiva.

 

Un desafío político para Illa

Más allá de las cifras, el proyecto de Presupuestos de 2026 representa la primera gran prueba política para Salvador Illa al frente de la Generalitat. Aprobar las cuentas supondría consolidar su liderazgo y dotar de estabilidad financiera a la legislatura; fracasar en el intento prolongaría la dinámica de prórrogas que arrastra la administración catalana desde hace tres años.

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